Telmex, ¿Será un monopolio?

Desde hace algunos meses, las telecomunicaciones se han convertido en un tema de gran controversia en México, a raíz de un estudio presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solicitado por del Gobierno Federal a través de su Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que habla sobre las áreas de oportunidad existentes en las políticas y regulaciones actuales de dicha industria.

La transformación del sector empezó en 1990, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, cuando se privatizó la empresa paraestatal a través de la venta del 20% de sus acciones a un consorcio, donde estaba incluido Grupo Carso, por un monto de 1,757 millones de dólares y las acciones restantes a través de ofertas públicas. Con el fin de incrementar el precio de venta, la concesión tenía una exclusividad de 6 años en los servicios de larga distancia nacional e internacional, y a pesar de que los demás servicios estaban supuestamente abiertos, a mediados de los 90´s a Iusacell y a Pulsar se les negó la concesión para servicios locales inalámbricos, dejando una exclusividad implícita en toda la industria.

En este sentido, se permitió aumentar las tarifas a través de la eliminación de subsidios cruzados entre servicios, siguiendo el afán de tratar igual a los desiguales, y estableciendo precios límite en algunos cargos. Los límites suben anualmente en la misma proporción que la inflación menos el porcentaje de la ganancia de productividad, que ha oscilado entre 4.5 y 3.3%. Estos incrementos efectivamente sirvieron para elevar el ingreso por la venta de la empresa, pero al mismo tiempo reprimieron la esperanza de una cobertura universal, pues menos familias podían pagar los servicios, disminuyendo la demanda, al mismo tiempo que se desaceleró la reinversión de utilidades, llevado a Telmex a los últimos lugares de Latino América en reinversión mientras también ocupada los más altos en utilidad de operación, haciendo cada vez mayor el rezago nacional en Telecomunicaciones.

Por otro lado, acabando la exclusividad de 6 años, se dieron concesiones en los distintos servicios, pero por ser Telmex el dueño de la mayoría de las instalaciones de redes en México, los competidores tienen que pagarle una tarifa por su uso para revender, ya que por ley Telmex no puede negarles el acceso. Como reacción, en ocasiones Telmex cobra precios discriminatorios, por ejemplo en la larga distancia internacional que ha llegado a pedir 3 centavos menos del precio que ofrece a los consumidores finales, dejando a las demás empresas lejos de poder competir en su contra, o como en el internet donde no se competía porque las llamadas tenían un costo adicional si pasaban los 5 minutos, hasta que llegaron empresas con doble y triple play.

Más aún, durante los primero 6 años de la privatización, el sector seguía sin un órgano regulador especializado, hasta 1996 cuando se creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). El objetivo de crear una institución de éste tipo es disminuir el riesgo político al ser un órgano independiente de influencias del gobierno, aun que en el caso de la COFETEL no suceda así. Para muestra un botón, la Comisión Federal de Competencia en 1998 dictaminó que Telmex realizaba prácticas monopólicas, pero para el 2000 todavía no había reacciones de la COFETEL, pues sus decisiones tienen que ser antes aprobadas por la SCT. Aunado a esto, sus dictámenes no son procesos abiertos ni exhiben evidencias, dejándole a Telmex la posibilidad de solicitar amparos, que la mayoría de las veces resuelven a favor de la compañía, ante la falta de pruebas y procesos claros.

En conclusión, si el desarrollo de una industria depende de su estructura y de su regulación, ¿La culpa es del empresario por querer cumplir con su naturaleza de rentabilidad o de las instituciones que le permiten hacerlo de manera indiscriminada? Pero entonces Telmex, ¿Será un monopolio?

Fuente:
OCDE (2012), Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-esPágina

Rodrigo Ignacio Pérez López

(Nacho)