México, ¿Un país con 95% de

empleabilidad?

Uno de los temas principales que la agenda del próximo gobierno deberá incluir es el apoyo al empleo. No solo por ser un catalizador de la economía, sino por los efectos positivos que puede tener sobre los principales problemas del país, la pobreza e inseguridad.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la tasa de desocupación de la población económicamente activa (PEA) es de 4.9% al primer trimestre del 2012. El considerar únicamente éste dato para evaluar la situación del mercado laboral en nuestro país implicaría que el 95% de la población que tiene facultades para trabajar y busca un empleo, lo encuentra. Pero ¿Cómo explicar entonces los más de 50 millones de habitantes en situación de pobreza y el 21% del total de jóvenes siendo ninis (ni estudian, ni trabajan)?

El rezago existente en materia de empleo no es solo cuestión de cantidad, sino es un conjunto de variables que afectan la vida laboral de la sociedad, entre las que destacan la subocupación que representa el 11% de  la población trabajadora, al declarar que tienen necesidad y disponibilidad para laborar más horas, y el empleo informal que es definido por el INEGI como la actividad económica que opera a partir de los recursos del hogar y que no se constituye como empresa, representando el 29% del total de trabajadores actuales.

Tanto el subempleo como la informalidad han representado un refugio para la PEA que no encuentra un trabajo decente, tiene necesidad de conseguir ingresos y carece de seguro de desempleo.

La incapacidad de generar puestos de trabajo que satisfagan las necesidades de cualquier trabajador como buena remuneración, acceso a salud, vivienda y ahorro, surge a raíz de problemas estructurales, entre los que encontramos; la dependencia en Estados Unidos, que se encuentra en desaceleración, sobre inversión pues éste país vecino representó en 2011 el 51% de la inversión extranjera directa (IED) según la Secretaría de Economía; la falta de apoyo a las MiPYMES en cuanto a financiamiento y falta de reformas como la de “empresas unipersonales” que daría un impulso a la regularización de la economía informal; y la deficiente cobertura y calidad en la educación de la sociedad que se refleja en la oferta de un valor reducido a las empresas contratantes, a manera de poca productividad en el trabajo , ocasionando bajos salarios.

Los problemas en la situación laboral del país van mucho más allá de la desocupación. Estos son explicados por cuestiones que involucran distintos sectores de la vida nacional, y las salidas que la población ha encontrado, no son más que una respuesta a la falta de oportunidades. Pero entonces es México, ¿Un país con 95% de empleabilidad?

Fuente:

Franco, Fernando. (20/02/2012). “Informalidad creció en 28 entidades en el 2011”. El economista, pp.37

Flores, Zenyanzen. (22/11/2011). “7.8 millones de jóvenes no estudian ni trabajan”. El financiero, pp.16

Instituto Nacional de Geografía y Estadística http://www.inegi.org.mx/

Rodrigo Ignacio Pérez López

Estudiante de 3er semestre de

Lic. Administración Financiera

ITESM CSF

Socio IMEF universitario

Telmex, ¿Será un monopolio?

Desde hace algunos meses, las telecomunicaciones se han convertido en un tema de gran controversia en México, a raíz de un estudio presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solicitado por del Gobierno Federal a través de su Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que habla sobre las áreas de oportunidad existentes en las políticas y regulaciones actuales de dicha industria.

La transformación del sector empezó en 1990, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, cuando se privatizó la empresa paraestatal a través de la venta del 20% de sus acciones a un consorcio, donde estaba incluido Grupo Carso, por un monto de 1,757 millones de dólares y las acciones restantes a través de ofertas públicas. Con el fin de incrementar el precio de venta, la concesión tenía una exclusividad de 6 años en los servicios de larga distancia nacional e internacional, y a pesar de que los demás servicios estaban supuestamente abiertos, a mediados de los 90´s a Iusacell y a Pulsar se les negó la concesión para servicios locales inalámbricos, dejando una exclusividad implícita en toda la industria.

En este sentido, se permitió aumentar las tarifas a través de la eliminación de subsidios cruzados entre servicios, siguiendo el afán de tratar igual a los desiguales, y estableciendo precios límite en algunos cargos. Los límites suben anualmente en la misma proporción que la inflación menos el porcentaje de la ganancia de productividad, que ha oscilado entre 4.5 y 3.3%. Estos incrementos efectivamente sirvieron para elevar el ingreso por la venta de la empresa, pero al mismo tiempo reprimieron la esperanza de una cobertura universal, pues menos familias podían pagar los servicios, disminuyendo la demanda, al mismo tiempo que se desaceleró la reinversión de utilidades, llevado a Telmex a los últimos lugares de Latino América en reinversión mientras también ocupada los más altos en utilidad de operación, haciendo cada vez mayor el rezago nacional en Telecomunicaciones.

Por otro lado, acabando la exclusividad de 6 años, se dieron concesiones en los distintos servicios, pero por ser Telmex el dueño de la mayoría de las instalaciones de redes en México, los competidores tienen que pagarle una tarifa por su uso para revender, ya que por ley Telmex no puede negarles el acceso. Como reacción, en ocasiones Telmex cobra precios discriminatorios, por ejemplo en la larga distancia internacional que ha llegado a pedir 3 centavos menos del precio que ofrece a los consumidores finales, dejando a las demás empresas lejos de poder competir en su contra, o como en el internet donde no se competía porque las llamadas tenían un costo adicional si pasaban los 5 minutos, hasta que llegaron empresas con doble y triple play.

Más aún, durante los primero 6 años de la privatización, el sector seguía sin un órgano regulador especializado, hasta 1996 cuando se creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). El objetivo de crear una institución de éste tipo es disminuir el riesgo político al ser un órgano independiente de influencias del gobierno, aun que en el caso de la COFETEL no suceda así. Para muestra un botón, la Comisión Federal de Competencia en 1998 dictaminó que Telmex realizaba prácticas monopólicas, pero para el 2000 todavía no había reacciones de la COFETEL, pues sus decisiones tienen que ser antes aprobadas por la SCT. Aunado a esto, sus dictámenes no son procesos abiertos ni exhiben evidencias, dejándole a Telmex la posibilidad de solicitar amparos, que la mayoría de las veces resuelven a favor de la compañía, ante la falta de pruebas y procesos claros.

En conclusión, si el desarrollo de una industria depende de su estructura y de su regulación, ¿La culpa es del empresario por querer cumplir con su naturaleza de rentabilidad o de las instituciones que le permiten hacerlo de manera indiscriminada? Pero entonces Telmex, ¿Será un monopolio?

Fuente:
OCDE (2012), Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-esPágina

Rodrigo Ignacio Pérez López

(Nacho)

Deuda pública, ¿un mal necesario?


La deuda pública es un tema que a últimas fechas ha cobrado gran fuerza en los medios de información nacionales y extranjeros. Varios factores han influido para darle esta importancia y para crear una polémica mayor a la que tenía hace unos meses, entre ellos, las próximas elecciones presidenciales de 2012 en México y, en el ámbito internacional, la situación financiera de Grecia y otros países europeos.

En nuestro país se han politizado estos temas como "muestra" de "los malos e irregulares" gobiernos, como en el ya sonado caso Coahuila. Pero habría que analizar si dicha deuda es verdaderamente riesgosa para las finanzas públicas del país y por qué han ido in crescendo las cifras deudoras de las entidades federativas.

A nivel mundial se vive un ambiente de inquietud en los mercados financieros ante la posibilidad de que el pago de las obligaciones lleguen a eventos de impago (default) debido al colosal endeudamiento que adquirieron países de la Unión Europea y a los problemas que existen para llegar a un acuerdo sobre el rescate financiero de algunos países.

El endeudamiento es una herramienta utilizada por personas físicas, empresas privadas y por el sector público, con el fin de utilizar ingresos futuros en el presente a cambio de comprometerse a pagarlos con un cierto monto de interés adicional para el acreedor.

A pesar de que se originan de la misma lógica, existen diferencias entre la funcionalidad de estos endeudamientos. Los empresariales consisten en financiar inversiones que generen un flujo con para cubrir el pasivo y dejar aparte un sobrante, mientras que la deuda pública busca elevar el bienestar de la población de manera sostenible, al menos en teoría, y se justifica cuando el beneficio adquirido dura por más tiempo que el plazo en el que se acabará de pagar el pasivo. El no usar esta herramienta en las finanzas públicas implica posponer beneficios que sería posible obtener en un corto plazo, las inversiones se limitarían únicamente a los recursos disponibles, principalmente vía recaudación fiscal, propiciando un crecimiento económico mucho más lento.

Una relación para medir la cantidad de pasivos en proporción al contexto de la entidad endeudada es el porcentaje del PIB que ésta representa. Por ejemplo, en la dramática situación del país heleno, su deuda nacional representa el 189.1% de su PIB, la de Estados Unidos el 105% y la de Japón 233%.

La deuda de México se encuentra lejos de esos porcentajes con apenas un 43.6%. En este sentido, en las entidades federativas, la suma de todos sus pasivos llega a 2.3% del PIB nacional, aunque hay casos particulares como Nayarit y Quintana Roo, donde sus deudas representan poco más del 5% de su propio PIB.

Es por eso que el exsecretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México se han empeñado en trasmitirnos la idea de que estos montos no son significativos ni mucho menos preocupantes, a pesar de que estados como Oaxaca y Coahuila han tenido crecimientos de 630% y 1578%, respectivamente, en sus obligaciones financieras a lo largo de los últimos 6 años.

Hay dos tendencias sobre la interpretación que se le puede dar al actual endeudamiento estatal. Por un lado, tenemos indicadores que apuntan hacia una deuda hasta cierto punto controlada y confiable para los acreedores, pues señalan una capacidad de pago sana, como el ya mencionado porcentaje respecto al PIB, aunque, por el otro, existe una visión preocupante que nos lleva a cuestionar la viabilidad de estos crecimientos deudores e inevitablemente nos conduce a pensar que este es el primer aviso de la necesidad de una reestructuración fiscal.

Para la primera tendencia encontramos las calificaciones crediticias. Actualmente hay una importante dependencia a las agencias calificadoras en cuanto a la evaluación de riesgo para el incumplimiento de pago. Según un reporte presentado en Agosto de este año por Fitch Ratings, las calificaciones de los estados oscilan desde BBB- para Nayarit, Michoacán, Guerrero, Durango y, por su puesto, Coahuila siendo éstas las entidades peor calificadas con la escala nacional (aunque su calificación sigue entrando en los grados de inversión, es decir arriba de los bonos basura) mientras que la mayor calificación AAA la tiene el Distrito Federal. Cabe resaltar que éste tiene también la mayor deuda con poco más de 52,000 millones de pesos, seguido por el Estado de México con 37,000 millones y una calificación de A-.

Actualmente, los inversionistas y los bancos confían en las emisiones bursátiles y otros mecanismos de financiamiento de nuestras entidades federativas debido a gran parte de sus pasivos están respaldados con participaciones federales, nueve entidades entre las que destacan Quintana Roo, Nuevo León, DF y Coahuila tienen más del 70% de sus participaciones comprometidas a sus obligaciones financieras, ¿Y esto en que les beneficia a los acreedores? Si por algún motivo político o económico los estados se negaran a pagar, automáticamente se les descontarían sus saldos deudores de dichos ingresos provenientes de la federación causando una muy baja posibilidad de incumplimiento, aunque es un arma de doble filo, pues a pesar de darle tranquilidad a los acreedores, las haciendas estales no lo están tanto.

Por otro lado, apoyando a la tendencia preocupada, tenemos razones para creer que el incremento de nuestros pasivos es tan sólo una muestra de problemas mayores, entre ellos el proceso legal para adquirir esas deudas, la poca transparencia en el gasto público, las reestructuraciones de deuda que muchos estados han ido adoptando por la falta de liquidez y la disminución y compromiso de los ingresos estatales provenientes de la federación.

El endeudamiento estatal está regulado por el artículo 117 de la Constitución Mexicana y establece que los estados no podrán adquirir ninguna obligación financiera que no sea para una inversión pública productiva y da poder a los congresos locales para legislar los conceptos y los montos de éstas.

El problema surge cuando notamos que, según un estudio del INDETEC, solamente 12 entidades especifican de manera clara los límites de su endeudamiento en sus leyes estatales. Sobre transparencia, sólo dos constituciones locales, las de Nuevo León y Quintana Roo, establecen explícitamente las normas que el ejecutivo debe seguir para la rendición de cuentas en materia de endeudamiento; de las demás, 19 no hacen ninguna referencia a este tema y las 10 sobrantes se remiten al artículo 117 de la Constitución.

A propósito de transparencia, otro dato desalentador es la mala calidad de compras que hacen los gobiernos estatales. El Instituto Mexicano para la Competitividad a través de su estudio Las mejores y las peores leyes en la promoción de competencia gubernamentales señala que las legislaciones que regulan las adquisiciones estatales de todas las entidades federativas están reprobadas con calificaciones menores a 6 mientras que las del gobierno federal obtuvieron un 7, en cuanto a su calidad, pues los precios de compra de un mismo bien entre un estado y otro llegan a varían en un 30%, dejando la posibilidad de que se ahorre cerca de un 20% en el gasto público de los gobiernos locales si éstas se regulan.

Ante la decadente situación y recaudación financiera en México, numerosos estados se han visto en la necesidad de buscar alternativas para sanear los vencimientos de sus deudas, pues la reducción en lo que va del año de 3.8% en la entrega de participaciones federales a los gobiernos subnacionales, en relación con lo que estaba programado, ha sido un factor determinante para que busquen soluciones a su falta de insolvencia, pues este 3.8% son 12,600 millones de pesos que no se han repartido entre las entidades.

Si recordamos las fuentes de ingresos de los estados veremos que cerca del 47% son con base en dichas participaciones. El Sistema Nacional de Coordinación fiscal entró en vigor en 1980 y consistió en eliminar gran parte de los tributos estatales y municipales a cambio de entregar "participaciones" de la recaudación federal a las entidades. Éstas están establecidas en el ramo 28 de la Ley de Coordinación Fiscal y se consolidan a partir de diversos fondos como el General de Participaciones que se constituye con el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable, el fondo de fomento municipal, de impuestos sobre ventas y servicios, sobre recaudación de hidrocarburos, de compensación, de fiscalización, entre otros.

¿Qué problema hay en este sistema? La notable dependencia que tienen los estados en las distribuciones federales hacia ellos los deja ante la vulnerabilidad de que si las recaudaciones de la hacienda pública federal bajan por movimientos del mercado (la recaudación federal depende cerca de un 35% de los ingresos petroleros) u otras razones, sus efectos se verán reflejados en los ingresos estatales, pero es aún más riesgoso cuando Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Nayarit, DF, Michoacán, Veracruz y Coahuila tienen más del 70% de sus participaciones usadas como respaldo para sus deudas, pues como ya había comentado antes, esto, por un lado, es benefactor para los acreedores, pero para los estados sería desastroso que en algún momento puedan dejar de percibir este casi 50% de sus ingresos totales para pagar sus pasivos, dejándolos lejos de la posibilidad de cubrir su gasto corriente. Ésta es una de las razones por las que se necesita un cambio para fortalecer la débil recaudación estatal propia.

Una segunda fuente de ingresos para las entidades es el sistema de aportaciones reglamentado en el ramo 33 que igualmente está conformado por fondos, pero divididos en ocho sectores: educación, salud, infraestructura, fortalecimiento de municipios, aportaciones múltiples, tecnología, seguridad social y fortalecimiento de las entidades.

Lo característico de este sistema es que en el presupuesto de egresos de la federación se definen anualmente sus montos y cada uno de ellos sólo se puede destinar a los sectores ya establecidos. Este sistema se implementó en 1998 con el fin de que los gobiernos locales se hicieran cargo de estas necesidades sociales a través de dichos fondos, pero a pesar de la intención de los legisladores de descentralizar estas responsabilidades, sigue existiendo la falta de flexibilidad para que los distintos niveles de gobierno locales puedan modificar estos montos, a pesar de que ellos, por cuestiones geográficas, de tiempo y de interacción, tienen una mucho mejor visión de los problemas de estos sectores. Es decir, si tuvieran la posibilidad de asignar las cantidades para cada uno de estos rubros, sería una cobertura mucho más efectiva, atendiendo a las necesidades más inmediatas.

En la recaudación tributaria estatal se registra el mayor problema, pues es tan sólo el 6% de sus ingresos. Los impuestos que les corresponden son principalmente sobre nóminas, hospedaje, enajenación de vehículos y corresponden al 16% aproximadamente de los ingresos tributarios del país, los municipios 4% y el Gobierno Federal un 80% mientras que países desarrollados como Alemania tienen un distribución de 50% federal, 37% estatal y 13% sus gobiernos locales. Es por esto que nuestros estados siguen y seguirán teniendo una recaudación propia mediocre si no se toman medidas apropiadas.

Con un modelo fiscal centralizado y un endeudamiento peligroso, pero de alguna manera necesarios, los gobiernos de las entidades federativas se han visto obligados a reestructurar sus deudas. Quintana Roo contratará cerca de 12,500 millones de pesos, 10,000 serán con banca comercial y 2,500 por medio de bonos. Otros que han recurrido al mercado bursátil son: Oaxaca con 2,035 millones de pesos, siendo el 40% de su deuda; Chihuahua, Veracruz y el DF por 4,000 millones de pesos. Por su parte, Nuevo León ha anunciado adquirir 3 mil millones más y Coahuila contrató 33,867millones a un plazo de 20 años, con el fin de refinanciar su controversial pasivo.

Como última reflexión, considero dejar sobre la mesa que si bien el modelo fiscal centralizado es en cierta medida ineficiente, sería algo insensato darle más libertad tributaria a Gobiernos Estatales, debido a la poca transparencia con la manejan la hacienda. Datos publicados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) pondera con una calificación de 58 sobre 100 en la transparencia en el manejo de los presupuestos, incluso 18 estados están por debajo de esa calificación. Adicionalmente, 25 de las 32 entidades registraron en libros en el primer trimestre del año una deuda menor a la que realmente tenían, lo cual revela que mientras los gobiernos locales no den una credibilidad suficiente que demuestre su capacidad para administrar recursos de manera transparente, el proceso para arreglar nuestras deficiencias de distribución en los niveles de gobierno seguirá frenado.

La estructura de los ingresos y financiamiento público requieren de acciones conjuntas entre los legisladores, la hacienda pública federal, el gobierno federal y los estatales para evitar un problema de viabilidad en las finanzas públicas como ha sucedido en países de la Unión Europea.


Rodrigo Ignacio Pérez López
(Nacho)


*Artículo publicado en "El Financiero" el 18/11/2011

El papel del emprendedor en la sociedad.

El papel del emprendedor consiste en toda una actitud, no es solo tener ciertas habilidades, conocimientos y recursos, es un conjunto de elementos que lleva a esta persona a tener ideas y a partir de estas generar hechos palpables, la visión es el arma más poderosa con la que cuenta un emprendedor.

El capitalismo como orden social resulta de la libertad económica, de la cual se puede disponer para la iniciativa privada. Los capitalistas son los dueños durante el proceso de manufactura, la ganancia que se obtiene del capital invertido en el mercado de productos, y servicios es lo que mantiene con vida a la economía.

En 1942 el economista austriaco Joseph Schumpeter (1883-1950) popularizo el concepto de destrucción creativa en su libro “Capitalismo, Socialismo y Democracia”, este economista dice que en la economía de mercado, el proceso de innovación destruye las viejas ideas para colocar nuevas, este proceso de destrucción y creación son las fuerzas que impulsan el crecimiento económico a largo plazo.[1]

A lo largo de la historia se ha detectado al emprendedor como impulsor de la economía, creando y destruyendo ideas, pero el emprendedor se ha visto afectado por distintas fuerzas ajenas, actualmente pudieran ser: los cambios ecológicos, las desigualdades sociales, el cambio en la manera de generar riqueza son parte de los factores que han puesto de cabeza a los nuevos líderes empresariales que se han visto forzados a invertir en la generación de ideas.

Las empresas líderes el día de hoy llevan el titulo de “Lideres” por su forma de prevenir los futuros cambios ó, reaccionar de manera pronta y eficaz a estos, un ejemplo de esto es Atrapalo.com, empresa distribuidora de boletos de avión, entretenimiento y espectáculos en internet líder en España, su cofundador Manuel Roca dice “La idea era llenar los espacios vacíos, como los asientos y camas, el uso de la web como una herramienta eficaz y barata de distribuir estos productos(...)[2]” 

En la actualidad lo que realmente busca el emprendedor ya no solo es generar ideas con fines de lucro, en el siglo XXI los emprendedores pretender trascender de una nueva manera, la cual forma parte de expectativas más grandes de generar ideas sobresalientes, de realizar acciones por encima de lo cotidiano reflejando éxito, los emprendedores de hoy tienen como visión inspirar a las personas del mundo.

Jose Luis Ceballos Benitez

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[1] Schmpeter, Joseph, “Capitalismo, Socialismo y Democracia”, (1942)

[2] Manuel Roca, World Economic Forum Global Entrepreneurship and the Successful Growth Strategies of Early-Stage Companies, Septiembre 2011, http://www.scribd.com/fullscreen/53194981

"Gasolinazos", un padecimiento justificado.

Desde hace ya varios meses, los bolsillos de millones de mexicanos han resentido una constante alza en los precios de la gasolina. Dichos  incrementos son los llamados, y criticados, "gasolinazos". Esta acción es implementada por el gobierno federal como parte de una estrategia fiscal que tiene el fin de eliminar gradualmente los subsidios existentes a los combustibles automotrices.

El Impuesto Especial sobre Producción y Ventas (IEPS) aplicado al diesel y a las gasolinas se ha convertido en el opuesto, un subsidio, a partir de 2005. Esto a causa de los continuos incrementos que los valores petroleros han reportado, aunados a la política de precios administrados, establecida hace más de 10 años, que busca mantener una inflación controlada obligando al gobierno a cubrir la diferencia entre el precio que marcan las bombas de las gasolineras y el precio de mercado, al que PEMEX lo adquiere. En este sentido, cabe mencionar que las importaciones de gasolinas son de 405 mil barriles diarios, en promedio, provocando que de cada 10 litros consumidos, 5 sean importados.

¿Qué efecto tiene esto sobre las finanzas públicas? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que estos subsidios ascendieron en 2011 a 165,979 millones de pesos, disminuyendo 11% los ingresos tributarios, dando como resultado un desaprovechamiento de esos recursos pues podrían ser utilizados en otro rubro más urgente, en referencia a que una cifra de esa magnitud equivale, por ejemplo, al doble del gasto programado para desarrollo social en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF2011), al sumar 160,500 millones de pesos. 

No obstante el gobierno se dio cuenta del problema y actuó  incrementando mensualmente 9 centavos a los precios de las gasolinas con el fin de acercarlos a su costo real y hacer con los recursos ahorrados un gasto más eficaz, hay constantes criticas basadas en la idea errónea de que estas acciones fomentarán una mayor desigualdad entre la población. La realidad es que el 30% del estrato económico con mayores ingresos, al tener más automóviles y por lo tanto mayor consumo, concentran el 50% del subsidio mientras que el 30% más pobre solo emplea el 10%, según la SHCP.

En conclusión, los gasolinazos han sido y seguirán siendo implementados como una medida para bajar gradualmente el gasto corriente en subsidios a dichos combustibles con el propósito de darle eficacia al uso de esos recursos, eliminar la medida proteccionista para que paulatinamente se reflejen costos más reales en las empresas consumidoras y por último incentivar el uso racional y sustentable de las gasolinas y el diesel.                              

Rodrigo Ignacio Pérez López.

Fuente:Flores, Leonor. (15/02/2012). “Gasolina, bomba de tiempo para las finanzas públicas”. El economista, pp.10Piz, Víctor. (08/02/2012). “Importación record de gasolinas”. El financiero, pp.06

Bienvenida

¡Bienvenidos al Blog de IMEF Universitario ITESM CSF! , en este blog podrán encontrar artículos, ensayos, análisis y reflexiones realizados por esta asociación estudiantil dentro del entorno de temas económicos, financieros, de negocios, tendencias empresariales e incluso un poco de política, así como también la reseña de los eventos que realizaremos a lo largo del año. (Están invitados a comentar sobre cualquiera de los temas). 

Muchas Gracias.

Yeudiel Rosales Monroy
-Presidente ITESM CSF

IMEF Universitario